El ministro Morenés traficó con armas nucleares y de racimo

No hay ni un solo ministro en el actual gobierno que no sea noticia por incumplir promesas, por mentir o por ocultar información. Su nula empatía aumenta día a día, pero lo peor es que muchos, tienen un pasado realmente preocupante, debido en parte a sus negocios y/o aficiones.

Por si algunos no lo sabían, Pedro Morenés, Ministro de Defensa, fue consejero de la empresa de fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Instalaza fabricaba bombas de racimo, consideradas como una de las armas con mas poder de destrucción en los seres humanos.

Hace unos años, el diario Cinco Días reveló que Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín. Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en mayo de 2011, cuando el actual Ministro, Pedro Morenés era su representante, que pediría una compensación económica al Ejecutivo en concepto de «daño emergente y lucro cesante».

Instalaza vendería la deuda a una tercera empresa que a su vez la revendería y finalmente el Ministro pagaría diciendo que no era su empresa la que cobraba. El dinero saldría de los impuestos de todos los ciudadanos, naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que mutilan a niños y que destrozan la vida a familias enteras que no saben de donde y porque les están exterminando, todo un ejemplo de talante democrático. ¿Sabían ustedes que las submuniciones esparcidas por las bombas fabricadas por Morenés tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%, por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra?. Al Ministro de Defensa le importa muy poco, y no le importa que las principales víctimas de sus bombas son los niños. Los niños se encuentran explosivos dispersos por campos y bosques y debido a sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas de refrescos, las tocan sin saber que es lo que tienen entre manos. Porque es así como las camufla la empresa del Ministro, como pelotitas o latas.

El actual Ministro de Defensa ha estado ligado a la producción y la venta de algunas de las armas más controvertidas y rechazadas socialmente que existen en el planeta: las armas nucleares y las bombas de racimo. Por si fuera poco, Pedro Morenés también ha presidido MBDA en España, una multinacional que construye una larga lista de armamento de gran poder destructivo, entre la que destacan los misiles nucleares ASMP-A. Los propietarios de MBDA son tres de las empresas que se dedican a la producción de armas nucleares: EADS, BAE Systems y Finmeccanica.

Esta última es una empresa armamentística italiana, participada en un 2,01% por la Libian Investment Authority (LIA) del gobierno libio, que ha realizado recientes y suculentos negocios con el gobierno del ejecutado Gadafi, cuyas armas fueron muy probablemente utilizadas en la reciente represión de la población civil de Libia. Morenés y Gadafi aparecen desde esta perspectiva relacionados en otro tema…pues Instalaza vendió bombas de racimo a Gadafi que, como pudo comprobar Humans Right Watch, fueron utilizadas contra la población civil.

Es importante mencionar también que el Congreso de los Diputados aprobó una Ley de modificación de la antigua Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersona y de armas de efecto similar, adscribiéndose así a la convención de Oslo de 2007 sobre municiones en racimo y al Protocolo sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales. El articulado de la ley incluyó una excepción que fue muy criticada por varios grupos parlamentarios: la posibilidad de participar en operaciones militares con países no firmantes que las utilicen.

La Ley es una modificación prácticamente total de la antigua Ley de 1998 que adhería a España a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, el denominado, Tratado de Otawa de 1997. La convención modificó el Protocolo II de la Convención de Ginebra de las armas convencionales por su insuficiencia. El Tratado de Otawa prohibía a los países firmantes la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersonales y no está firmado por países como China, Rusia, Estados Unidos o Israel.