Jaque mate a las manifestaciones
Calificada como “altamente problemática” desde Europa, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana veremos cómo en poco tiempo gran parte de nuestra libertad quedará recortada. El gobierno, una vez más, ha jugado con el lenguaje, nos han hablado de nuestra seguridad cuando en realidad pensaban en herramientas de represión para garantizar la suya. Nuestros líderes se han visto demasiado incomodados por el grito de cierta parte de la población. Ahora, buscan cómo silenciar esa voz y, sobre todo, impedir que se haga más grande.
La oposición ya ha anunciado que llevará esta ley al Tribunal Constitucional ya que “atenta” y “daña” seriamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eduardo Madina, el secretario general del grupo socialista, definió el movimiento del gobierno como una “intentona antidemocrática”, o como “la ley de represión ciudadana”, y es que, con esta ley, conductas frecuentes donde te puedas ver envuelto en cualquier forma de protesta serán sancionadas con multas que van desde los 100 a los 600.000 euros. Y si quieres recurrir, ¡a pagar las tasas judiciales! Protestar contra las políticas del gobierno puede salir muy caro.
Siempre tendremos la opción de convocar una manifestación con previa autorización del gobierno, pero, ¿podremos hacer lo mismo que antes? Esta ley recoge sanciones para todas las formas de protesta que han sido frecuentes durante esta crisis.
Los que asistan a una manifestación espontánea pueden recibir multas de hasta 1.000€. Por ejemplo, si usted decide ir a gritar al congreso: ¡no nos representan! tras aprobar alguna de sus “afortunadas” leyes, cometerá una infracción leve, penada con multas de hasta 1.000€.
Esta ley también también recoge multas de hasta 1.000€ para los que cambian el itinerario de una manifestación autorizada y para los que se manifiestan frente a la sede de un partido. El último caso fue en el 2004, dos días después del terrible atentado del 11M había jornada de reflexión y miles de ciudadanos se congregaron frente la sede del PP reclamando la verdad sobre la autoría de los atentados, esa manifestación espontánea costaría ahora a cada manifestante 30.000€.
Si usted está disgustado con alguno de los últimos movimientos del gobierno y quiere organizar una protesta por Twitter, aunque ni aparezca en la manifestación, le podrá costar hasta 1.000 €. Y si tiene la mala suerte que, siendo una manifestación pacífica, alguno de los participantes provoca un altercado, hasta 30.000 € de multa para el convocante. A ver quién es el valiente que convoca una protesta ahora. El gobierno ha conseguido incapacitar el poder de internet tras ilegalizar las convocatorias en la red.
>Por otro lado, si desde la red atacas a España o a cualquiera de sus instituciones, como puede ser la policía, cometerás un delito grave que te puede costar hasta 30.000€. Nuestros dirigentes también se han atrevido con la libertad de expresión.
Parece que desde el gobierno se pretende reforzar la idea de vivir en un estado policial. Con esta ley, la policía tendrá un poder total sobre el manifestante e inmunidad ante la opinión pública. En primer lugar, si no obedeces las órdenes de un antidisturbio pero no cumples los requisitos como para estar incurriendo en un delito de resistencia a la autoridad, – recibir una multa de hasta 30.000€. Lo mismo ocurrirá por negarse a entregar la documentación o a que te registren sin ningún motivo.
Si un periodista o cualquier ciudadano quiere grabar a las fuerzas de seguridad mientras ejercen su trabajo, cometerá una falta leve que le puede costar hasta 1000€. Con este movimiento, el gobierno no se limita a atacar a la libertad de reunión y de expresión, también se atreven con la información. Y no sólo eso, también le da a la policía un margen para actuar con total arbitrariedad e inmunidad.
Parece que el gobierno tampoco ha visto con buenos ojos la solidaridad de la población. No quieren ciudadanos honestos que gasten su tiempo en lograr que alguien mantenga su vivienda. Cuando alguien intente ayudar a parar un desahucio cometerá un delito de obstrucción a la ley, que puede suponer una multa de 1.000 a 3.000€.
Este texto recoge un apartado que ataca directamente al ecologismo. Trata como una falta grave, penada con hasta 30.000€, el manifestarse en cualquiera de las infraestructuras críticas definidas por el estado en la Ley 8/2011. A parte, si alteras el funcionamiento de la infraestructura, la multa puede ascender a 600.000€. Y, ¿qué son las infraestructuras críticas? Una serie de industrias que, según la ley, su “funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales”. Entre estas industrias encontramos compañías eléctricas, centrales nucleares, industrias alimentarias,… o el mismo sector financiero. Colectivos como Greenpeace lo tendrán muy complicado al exigir compromiso con el medio ambiente.
El resultado en este caso parece obvio, la gente dejará de manifestarse. La poca que lo siga haciendo tendrá que vender la casa para pagar las multas y, por si fuera poco, puede que hasta vayan calientes a casa. Ya no habrá cámaras que graben lo que no quieren que la gente vea.
El partido que nos gobierna sigue negando la mayor, afirmando que esta ley “mejorará nuestro derecho a manifestarnos” e insiste en ignorar lecturas como las que hemos hecho aquí. El portavoz de interior del grupo popular en el Congreso, Conrado Escobar, afirmó que esta ley garantiza “la libertad y convivencia de todos los españoles”. Unas medidas que llevan a calificar esta ley como: la ley de la patada en la boca a la democracia.